Brookings propone marco federal obligatorio para gobernanza de IA en Estados Unidos
Dos expertos del instituto Brookings plantean que el Congreso estadounidense debe aprobar legislación vinculante para regular la inteligencia artificial, reemplazando el actual enfoque fragmentado de órdenes ejecutivas y autorregulación industrial con auditorías obligatorias, licencias para modelos frontera y sanciones significativas.
En una reciente cumbre del G7 en Évian, Francia, jefes de Estado de las principales economías democráticas se sentaron junto a ejecutivos de compañías privadas de inteligencia artificial cuyas valuaciones de mercado rivalizan con el producto interno bruto de la mayoría de las naciones. Ese encuentro, según dos investigadores del instituto Brookings, marcó un cambio filosófico profundo: mientras Westfalia resolvió hace siglos quién reclama autoridad soberana sobre territorio, Évian podría recordarse como el primer intento internacional del Occidente democrático por definir quién reclama autoridad soberana sobre la inteligencia misma.
David Beier, de Bay City Capital, y Mark MacCarthy, del Centro para la Innovación Tecnológica de Brookings, argumentan en un artículo publicado en julio de 2026 que Estados Unidos debe abandonar su patrón oscilante entre promoción gubernamental activa de la IA y autorregulación exclusiva de la industria. Proponen que el Congreso apruebe una ley federal obligatoria que establezca tres mecanismos centrales: auditorías anuales de terceros independientes certificados, un sistema de licencias para modelos de IA frontera emitidas por una entidad gubernamental designada y basadas en estándares técnicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), y sanciones civiles y penales significativas por incumplimiento material.
La propuesta busca concentrar la regulación en riesgos materiales claramente definibles —ciberseguridad capaz de desestabilizar infraestructura crítica, amenazas biológicas como la síntesis de patógenos novedosos, y pérdida de control autónomo de sistemas sin supervisión humana significativa—, rechazando explícitamente umbrales regulatorios arbitrarios basados puramente en poder computacional, como los que critican en la Ley Europea de IA y partes de la orden ejecutiva de la administración Biden. Los autores señalan que Illinois ya promulgó el primer requisito de auditoría obligatoria de terceros para modelos a gran escala, siguiendo el camino de California y Nueva York, y que el borrador bipartidista Great American AI Act, presentado por los legisladores Jay Obernolte (republicano) y Lori Trahan (demócrata), identifica las auditorías de terceros como base para el desarrollo responsable.
Uno de los puntos más contenciosos del argumento de Beier y MacCarthy es su crítica al uso de controles de exportación como herramienta paralela y opaca de gobernanza. Afirman que la administración actual utilizó autoridad de controles de exportación para imponer un "interruptor de muerte" en la situación que denominan Mythos-Fable, y plantean que si el poder ejecutivo puede emitir cartas de cumplimiento arbitrarias que eluden la ley estatutaria, cualquier nuevo marco federal será ignorado en favor de objetivos políticos de corto plazo. Proponen que el Congreso limite explícitamente esta autoridad ejecutiva y la reconcilie con el régimen regulatorio general.
Los autores defienden una estrategia de preferencia federal altamente focalizada: que el gobierno federal ocupe exclusivamente el campo donde la seguridad nacional es primordial —armas biológicas, ciberseguridad existencial—, dejando intactas las leyes estatales de protección al consumidor, privacidad y responsabilidad civil hasta que el Congreso decida abordar una preferencia federal más amplia. También rechazan la distinción "desarrollador versus desplegador" presente en el borrador actual de la Cámara de Representantes, argumentando que no captura la realidad económica de empresas tecnológicas modernas como OpenAI, Anthropic y Google, donde la misma entidad desarrolla y despliega el modelo. Proponen que la ley federal cubra simplemente a quien provea el modelo de IA al público, eliminando lagunas de evasión de responsabilidad entre entidades.
El texto concluye señalando que los estadounidenses actualmente no confían en la IA y que solo una acción legislativa rápida del Congreso puede restaurar esa confianza y permitir que la tecnología estadounidense florezca en un entorno predecible y responsable. Señalan que el respaldo de empresas líderes de IA a la ley de auditoría de Illinois demuestra la disposición de la industria para apoyar marcos estructurados, y que existe una coalición emergente de interesados —líderes empresariales que desean mecanismos claros de responsabilidad, compañías de IA frontera que buscan certeza operacional, y sociedad civil que presiona por responsabilidad enforceable— capaz de hacer avanzar esta reforma.
Dos expertos de un importante centro de investigación estadounidense proponen que el Congreso cree una ley federal que obligue a las empresas de inteligencia artificial más avanzadas a someterse a auditorías anuales realizadas por evaluadores independientes certificados, obtener licencias gubernamentales basadas en estándares técnicos, y enfrentar sanciones reales si violan las reglas. La idea es reemplazar el sistema actual donde el presidente toma decisiones ad hoc y las empresas se autorregulan, por uno donde el Congreso establece reglas claras y predecibles que se concentran en los riesgos más graves —ciberataques masivos, armas biológicas, sistemas que actúan sin control humano— en lugar de regular todo basándose en cuánta capacidad de cómputo tiene un modelo. Los autores argumentan que sin esto, la industria seguirá operando en incertidumbre perpetua y el público no confiará en la tecnología.
- Empresas privadas de IA tienen hoy valoraciones de mercado comparables al PIB de naciones enteras, lo que explica por qué se sientan como pares con jefes de Estado del G7 — este cambio de poder económico está forzando un replanteamiento fundamental de la autoridad soberana sobre la inteligencia artificial.
- Si el poder ejecutivo estadounidense puede usar controles de exportación para imponer 'interruptores de muerte' eludiendo la ley estatutaria —como argumentan que ocurrió con Mythos-Fable—, cualquier marco regulatorio del Congreso será irrelevante cuando sea políticamente conveniente ignorarlo.
- Illinois, California y Nueva York ya están estableciendo de facto los estándares nacionales de auditoría de IA porque el Congreso federal no ha actuado — la ventana para que Washington lidere en lugar de seguir se está cerrando rápidamente.
- OpenAI, Anthropic y Google respaldaron públicamente la ley de auditoría obligatoria de Illinois, señalando que incluso las empresas frontera de IA prefieren certeza regulatoria predecible sobre el limbo actual de órdenes ejecutivas volátiles y autorregulación voluntaria.
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